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  • Foto del escritorCarlos Falagán

Más sentido común con el PXOM y menos perjuicio a nuestros ciudadanos

Hace año y medio publicábamos en nuestra web una reflexión en relación con la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la ciudad de Vigo. Por muy agoreros que pudiéramos ser entonces, nunca podríamos habernos imaginado una situación como a la que hemos llegado en la ciudad de Vigo.


Hasta la fecha se estaban concediendo licencias en este concello de acuerdo con un instrumento aprobado en su día con el visto bueno de todos los grupos políticos y personal municipal (o, al menos, nadie postuló nada en contra). Se trata del denominado Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) que pretendía resolver los problemas creados por la anulación del plan del 2008 y que se entendía perfectamente compatible, salvo en contadas excepciones, con el plan aprobado inicialmente.


Hasta aquí todo correcto, salvo que en el mes de diciembre de 2022, a petición de alguien, el secretario general del Concello de Vigo emitió un informe en contra del documento ejecutivo del futuro PXOM de Vigo alegando que estas licencias no se podían conceder.


Sin entrar en discusiones jurídicas que no nos llevarían a ninguna parte, es importante reseñar que la postura de técnicos y juristas de la Gerencia de Urbanismo municipal es contraria a este informe. En esta línea, varias instituciones como COAG, APROIN o el propio Concello de Vigo solicitaron informes a otros juristas de probado prestigio que también se postularon contrarios al citado documento.


Toda esta situación está ocasionando un enorme perjuicio en muchos de nuestros clientes y es aquí donde queremos alzar la voz. La mayoría de ellos son particulares cuyo único propósito es construir su vivienda en un solar que compraron de acuerdo a la normativa vigente en cada momento y lamentablemente, a día de hoy, se encuentran en una situación de indefensión, sin poder arrancar la obra de su proyecto vital con el daño moral y económico que esto acarrea. Si algo tenemos claro en toda esta situación, es que el ciudadano que actúa de acuerdo con la ley no puede ser quien pague este dislate.




Por último, no podemos transigir con la publicación de determinadas informaciones en medios de comunicación que ponen en entredicho la profesionalidad de compañeras y compañeros arquitectos en las que se cuestiona la legalidad de determinados proyectos cuando esta solo se basa en la interpretación de un funcionario y a la que además se oponen de pleno técnicos y juristas del departamento de Urbanismo. Por favor, por el bien de todos, más sentido común.

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